El proyecto minero más grande de la Argentina adjudicó la construcción de su complejo habitacional —2.500 camas— a PowerChina, un consorcio estatal chino. Las empresas sanjuaninas quedaron afuera. Se estiman 150 empleos directos y trabajo para 50 firmas locales que no van a existir.
- Autor: La Redacción
El proyecto Vicuña va a traer una ciudad desde China. Literalmente. Módulos habitacionales prefabricados, 2.500 camas, todo licitado y adjudicado a PowerChina, empresa estatal del gigante asiático. El complejo se llama Batidero y va a alojar a los trabajadores del yacimiento en plena cordillera sanjuanina.
La decisión es legal. Es eficiente. Y dejó afuera a las empresas locales que esperaban ese contrato.
La lógica de Vicuña
Vicuña es un proyecto de 18.000 millones de dólares. BHP, la minera más grande del mundo, es la principal accionista. A esa escala, las decisiones de contratación no se toman pensando en el desarrollo económico regional. Se toman pensando en costos, plazos y riesgo de ejecución.
PowerChina tiene experiencia construyendo infraestructura en condiciones extremas. Tiene capacidad de prefabricar y transportar en escala. Y probablemente salió más barato que cualquier consorcio local. Esa es la lógica del mercado, aplicada sin matices.
El problema es que San Juan no es solo un mercado para Vicuña. Es el territorio donde Vicuña opera, donde sus trabajadores van a vivir, donde el impacto ambiental va a ocurrir y donde las regalías van a —o deberían— quedarse.
Lo que se fue con el contrato
El empresariado local estimó 150 empleos directos y trabajo para unas 50 empresas sanjuaninas que no van a existir porque el contrato fue a Shanghái. No son números inventados. Son las cuentas que hace cualquier cámara empresarial cuando pierde una licitación de esta magnitud.
Más allá del número puntual, hay un problema estructural: si los grandes proyectos mineros que se instalan en San Juan traen su propia infraestructura, su propia logística y eventualmente su propio personal calificado, el derrame económico que justifica políticamente la minería a gran escala se vuelve mucho más difícil de demostrar.
Las regalías entran a la caja provincial. Está bien. ¿Pero qué más queda?
La pregunta que el gobierno provincial no respondió todavía
El gobierno de Orrego salió a defender el proyecto Vicuña cuando La Rioja lo bloqueó judicialmente. Correcto: era su obligación defender un activo sanjuanino.
Lo que no se escuchó con la misma energía fue una posición sobre el contenido local. Sobre qué porcentaje de la contratación debe quedar en la provincia. Sobre si el RIGI —el régimen de incentivos que atrajo estas inversiones— incluye algún mecanismo para que el encadenamiento productivo no se vaya todo en un buque desde el puerto de Shanghái.
Defender la minería está bien. Defender qué tipo de minería es la conversación que falta.
Análisis editorial. Las opiniones son de la redacción y representan la línea editorial de Civilización y Barbarie.
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