Un juez riojano frenó la operación del mayor proyecto de cobre del país. San Juan, cuyo territorio aloja el yacimiento, se enteró por los diarios. El gobernador Orrego dijo que la provincia “no tiene nada que ver”. Mientras tanto, Quintela juega al ajedrez y el Estado sanjuanino espera que alguien más mueva las piezas.
El golpe judicial y la reacción que no llegó
El 16 de abril de 2026, la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, suspendió por 30 días el proyecto Vicuña y ordenó instalar retenes policiales en territorio riojano para impedir el paso de los vehículos de la mina. La medida se ejecutó al día siguiente. La policía de La Rioja cortó el camino a Guandacol, el acceso histórico al yacimiento.
¿Cuál fue la respuesta del gobierno de San Juan?
El gobernador Marcelo Orrego declaró que se había enterado “por los medios de comunicación” y que no sabía si la empresa había sido notificada formalmente. Agregó que “San Juan no tiene nada que ver” con el estudio de impacto ambiental que la justicia riojana reclamaba. El vicegobernador Fabián Martín consideró que ir a la justicia sería “extremo” y apostó al diálogo. La Fiscalía de Estado abrió un análisis para determinar si la provincia debería intervenir.
Mientras tanto, la policía de la provincia vecina cortaba una ruta de acceso a un proyecto de 18.000 millones de dólares asentado en suelo sanjuanino.
Qué es Vicuña y por qué importa
Vicuña no es un proyecto minero más. Es la combinación de los yacimientos Filo del Sol y Josemaría, con participación de BHP —la minera más grande del mundo— y una inversión proyectada de 18.000 millones de dólares. Para 2026 está previsto un desembolso cercano a los 1.000 millones. La producción plena, estimada para alrededor de 2030, lo convertiría en el mayor proyecto de cobre del país.
El yacimiento está íntegramente en territorio sanjuanino, a 1,5 kilómetros del límite con La Rioja. Esa distancia es el núcleo del conflicto: La Rioja sostiene que el uso intensivo de su red vial, el tránsito por sus comunidades y la eventual afectación de recursos hídricos compartidos no se tradujeron en beneficios proporcionales para su territorio.
El argumento no es del todo descartable. El problema es cómo eligió plantearlo Ricardo Quintela.
La estrategia de Quintela: ruido político, resultado concreto
Quintela viene trabajando este conflicto desde 2021, cuando planteó por primera vez que La Rioja debía recibir una parte de los beneficios de Vicuña. En 2025 subió la apuesta: cuestionó un acuerdo de límites de 1968 entre ambas provincias y amenazó con acciones judiciales para revisarlo. En paralelo, comunidades de Guandacol protagonizaron protestas en las rutas reclamando empleo y desarrollo local.
Lo que ocurrió en abril de 2026 no fue una sorpresa judicial. Fue el resultado de una estrategia sostenida: presión política, discurso de soberanía territorial, activación de comunidades y, finalmente, un fiscal de Estado que llevó el caso a la justicia provincial hasta obtener la cautelar.
Quintela no bloqueó la mina por capricho ni por improvisación. La bloqueó porque construyó las condiciones para poder hacerlo durante años, y porque nadie del otro lado se lo impidió.
La pasividad de Orrego: una lectura crítica
Aquí hay que ser precisos, porque lo que sigue no es un reproche menor.
San Juan tiene en Vicuña el activo económico más grande de su historia reciente. Un proyecto de esa magnitud genera empleo, regalías, encadenamientos productivos y posicionamiento internacional para una provincia que, sin salida al mar y con una geografía que complica casi todo, depende de la minería como de ninguna otra variable.
Frente al bloqueo judicial de La Rioja, el gobierno provincial tardó días en reaccionar de manera formal. No hubo presentación judicial inmediata. No hubo comunicado contundente. No hubo convocatoria de urgencia entre provincias afectadas por el precedente que esto sienta. Hubo declaraciones cautelosas, un análisis jurídico en curso y la esperanza de que el diálogo resuelva lo que la acción política no previno.
El ministro de Producción Gustavo Fernández, uno de los pocos funcionarios que habló con claridad, reconoció que la empresa lleva tiempo sabiendo que debe avanzar con un camino alternativo por territorio sanjuanino y no lo hizo. “Hace rato que saben que hay que avanzar con el camino por San Juan”, dijo. Y agregó algo que retrata bien la situación: si la empresa no construye su propia infraestructura de acceso, queda expuesta a situaciones “cuasi extorsivas”.
Eso es exactamente lo que ocurrió. La pregunta que queda es si el gobierno provincial hizo todo lo que podía para que no ocurriera.
El camino sanjuanino: la solución que debió ser urgente antes
El acceso por territorio riojano nunca fue la única opción técnica. Existe una traza alternativa completamente por suelo sanjuanino, parte del llamado Corredor Norte, que conecta el campamento de Vicuña con el resto de la provincia sin pisar La Rioja. El problema es que esa obra está inconclusa: 170 kilómetros de montaña, un presupuesto de aproximadamente 250 millones de dólares, un consorcio constructor que no cumplió los plazos y una empresa que reemplazó al contratista pero tampoco terminó de ejecutar los tramos clave a más de 4.400 metros de altura.
Vicuña operó durante años por La Rioja porque era el camino que funcionaba. Ni la empresa ni el gobierno provincial presionaron con la urgencia necesaria para completar la traza sanjuanina antes de que La Rioja encontrara un motivo judicial para cortar el paso.
Ahora la empresa dice que opera por territorio sanjuanino. El ministerio reconoce que las condiciones de ese camino son “frágiles”. Y el gobierno de San Juan analiza si corresponde intervenir en un conflicto que afecta directamente a su provincia.
¿Tiene solución?
En el corto plazo, sí. La cautelar dura 30 días. La empresa ya reconfiguró parte de su logística por la traza sanjuanina. La decisión judicial riojana tiene bases jurídicas cuestionables —La Rioja no puede ordenar la suspensión de actividades que ocurren en otra provincia— y probablemente no sobreviva un recurso en la justicia federal.
El problema de fondo no se resuelve en 30 días.
La Rioja tiene una demanda legítima en su base: el uso intensivo de su infraestructura y sus comunidades sin compensación proporcional. Que esa demanda se haya canalizado mediante una cautelar de dudosa competencia es un problema de forma, no de fondo. Si San Juan y la empresa no construyen una propuesta concreta de beneficios para las comunidades riojanas vinculadas al proyecto, este conflicto se va a repetir.
Quintela tiene incentivos políticos para mantener la tensión. Es peronista, gobierna una provincia empobrecida, y el enfrentamiento con una megaminera respaldada por Milei le da visibilidad y adhesión interna. No es un actor que vaya a retirarse de esta posición si no recibe algo a cambio.
Orrego, en cambio, tiene todos los motivos para resolver esto rápido y con firmeza. San Juan necesita que Vicuña avance. Necesita las regalías, el empleo, el efecto derrame. Y necesita demostrar que puede defender sus activos estratégicos sin que una empresa privada le tenga que explicar cuáles son sus derechos jurisdiccionales.
Lo que este episodio deja en claro
Quintela, con todos los cuestionamientos que merece su estrategia, construyó durante años una posición que le permitió actuar cuando quiso. Orrego llegó al episodio sin haberlo anticipado, sin haber completado la infraestructura que hubiera neutralizado la amenaza y sin tener un protocolo de respuesta para cuando La Rioja ejecutara lo que venía anunciando.
Eso no es fatalidad ni mala suerte. Es gestión. O la falta de ella.
Y en una provincia cuyo futuro económico depende en buena medida de lo que pase con los grandes proyectos mineros en la cordillera, esa diferencia tiene consecuencias.
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